La Colonia, organización y progreso

Tras la conquista del territorio hasta el Biobío, los españoles emprendieron la tarea de organizarlo administrativamente. Fue así como, de manera paulatina, la sociedad en su conjunto asumió la tarea de establecer las bases de lo que a futuro sería una nueva nación.
Entre 1601 y 1810 se desarrolló en nuestro país el período histórico conocido como Colonia. Durante esta época se forjaron los primeros rasgos de nuestra nación y de la identidad chilena. El protagonismo de los descubridores y conquistadores foráneos dio paso a una sociedad emergente que comenzaba a ordenarse tanto en el aspecto político como en el económico y cultural, siempre bajo la atenta mirada de la corona española.
Poco a poco, los hombres nacidos en el territorio configuraban un nuevo grupo humano. La población mestiza, fruto de la mezcla entre españoles e indígenas, aumentaba gradualmente, consolidando las bases de la sociedad chilena. Dos siglos de organización, confl ictos indígenas, fundación de ciudades y progreso, que serían la antesala de la vorágine independentista que se sucedería a partir de 1810.

Institucionalidad colonial

Tras la conquista del territorio, fue necesaria la organización administrativa y el establecimiento de pequeños núcleos sociales e instituciones que funcionaran bajo los parámetros y las reglas de la corona española.
Una vez alcanzada la paz en gran parte del territorio (más adelante hablaremos de lo sucedido al sur del río Biobío), era imperativo otorgar un ordenamiento a la población. Reglas que, también, consideraran la evolución de la sociedad y el desarrollo de nuevos e importantes actores: los nacidos en el "Reino de Chile". Ellos
comenzaron a involucrarse en asuntos tan variados como la economía, la política e, incluso, la defensa del país.
Debido a que la mayoría de los nuevos territorios conquistados estaba bajo la jurisdicción hispana, las principales instituciones coloniales seguían estando en el Viejo Continente. Después de la fi gura soberana y divina del rey venían el Real y Supremo Consejo de Indias y la Casa de Contratación, importantes organizaciones que regían las colonias españolas. Mientras el Consejo de Indias elaboraba el cuerpo normativo de los nuevos territorios, designaba a las autoridades y otorgaba los dictámenes de última instancia en materia judicial, la Casa de Contratación revisaba todos los asuntos comerciales del Nuevo Mundo y controlaba la circulación de personas hacia él.

Administración americana

Si bien las instituciones coloniales más importantes de gobierno se encontraban emplazadas en España, fue necesario también instalar una red organizacional en América. Para hacer más efectiva la administración de las colonias se crearon diferentes divisiones territoriales, como los virreinatos y las capitanías generales.
Los virreinatos correspondían a los territorios más extensos y estaban gobernados por el virrey. Este era la máxima encarnación del monarca en las colonias, teniendo amplias atribuciones respecto de la conducción de la zona a su cargo. Su deber era vigilar la administración en materias de gobierno, judiciales, eclesiásticas y económicas. Tareas tan importantes como el reparto de tierras, velar por la fundación de ciudades, impulsar obras públicas y revisar el manejo del dinero fiscal se relacionaban directamente con el puesto.
Una división más pequeña en cuanto a territorio, pero no menos importante, eran las gobernaciones, que también podían ser capitanías generales. Estas últimas tenían la particularidad de ser territorios conquistados parcialmente, por lo que estaban bajo el mando de un jefe militar, quien, además, detentaba el poder civil y judicial. Chile era parte de esta categoría.
Finalmente, las presidencias eran pequeños gobiernos establecidos en tierras ya pacificadas, como el caso de Quito (Ecuador) y Charcas (en el territorio actual de Bolivia).

La Real Audiencia

La corona española designó a la Real Audiencia como el principal tribunal de justicia civil y criminal en América. Su objetivo era velar por el cumplimiento y la interpretación de las leyes; sin embargo, tras la promulgación de las leyes de 1542 y 154 (denominadas Nuevas Leyes), pudo involucrarse en asuntos de gobierno. En este sentido, fiscalizaba la labor ejercida por los gobernadores y, de paso, les restaba poder.
Las reales audiencias estaban integradas por un presidente (que podía ser el virrey, el gobernador o un oidor decano), cuatro oidores o jueces, relatores y un fiscal. También formaban parte de ellas otros funcionarios con menores responsabilidades, como el teniente del gran canciller, el alguacil mayor, los escribanos, receptores y procuradores.
Los fallos de la Real Audiencia eran casi inapelables. La mayoría de los procesos era finiquitada en esta instancia; solo los de mayor importancia y controversia eran presentados ante el Consejo de Indias.
La primera Audiencia establecida en América fue la de Santo Domingo, en 1511. En nuestro país se instauró por primera vez en 1565, en la ciudad de Concepción. Su objetivo fue seguir de cerca los acontecimientos ocurridos en Arauco. Dejó de funcionar en 1573 y fue restablecida en 1604, fijando su sede en Santiago. Allí funcionó hasta el año 1811, siendo reemplazada por la institucionalidad republicana.

Institución ciudadana

El organismo que regía directamente los asuntos administrativos de cada ciudad era el Cabildo. Velaba por los intereses de la comunidad e intentaba resolver los problemas que la afectaban en materias tan diversas como aseo, ornato, manejo de bienes públicos, etc. Dictaba normas para una buena convivencia y reglaba los precios de algunos productos de primera necesidad, como el pan.
Sin embargo, sus labores no terminaban ahí. Además de regular el correcto funcionamiento de los asentamientos, los cabildos representaban el parecer de los ciudadanos ante el rey. Si surgían controversias ante la implementación de alguna medida real, existía el derecho a súplica, a través del cual se solicitaba al rey cambiar la disposición legal en cuestión. Otro derecho ciudadano era el de representación, donde se solicitaba la directa intervención real en asuntos que afectasen a la comunidad o también se pedía la creación de instituciones que ayudasen a resolver los conflictos.
Como ente regulador, además, los cabildos administraban los terrenos fiscales (autorizando su uso comercial) y eran dueños del mercado, el matadero y los basurales. También velaban por el funcionamiento de la cárcel pública, la seguridad local y la mantención del orden público.

Cuestionables gobiernos

Si comparamos a los gobernadores que comandaban el destino de nuestro país durante el siglo XVII con los que lo hicieron durante el XVIII, notaremos que existe una enorme diferencia entre el contexto imperante, sus modos de ejercer gobierno y las verdaderas motivaciones que existían tras sus acciones.
Durante el siglo XVII, nuestro país recién se estaba organizando políticamente y el foco de atención estaba centrado en el conflicto de Arauco. Se hacía necesario, entonces, contar con una importante figura de gobierno, que fuese capaz de encauzar los destinos del país. Sin embargo, el primer siglo colonial se destacó por contar con varios gobernadores de cuestionable reputación, que solo buscaban el beneficio personal en oposición al bienestar social.
Tal fue el caso de Antonio de Acuña y Cabrera, designado gobernador interino en 1650, quien, durante su jefatura, organizó violentas incursiones a territorio mapuche solo para capturar prisioneros y, posteriormente, venderlos como esclavos. También está la dudosa actuación de Francisco Meneses y Brito, quien se preocupó de los negocios personales, la seguridad económica de sus parientes y poco hizo por la conducción de la nación.

 

 

 

 

Última actualización: Mayo 2012
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